Introducción a la situación legal de los animales salvajes en Estados Unidos
Existen muchas variables que determinan las leyes aplicables que afectan positiva o negativamente a los animales salvajes en Estados Unidos, tales como la especie de los animales, el lugar donde viven y la naturaleza de su actividad. Esto se debe a que los animales salvajes1 de diferentes especies y grupos de población son tratados de manera diferente en la legislación de ese país. Además, muchas de las leyes que afectan la vida de estos animales se contemplan a nivel estatal y, por lo tanto, no son uniformes en todo el país. Un conjunto de leyes y normativas a nivel federal, estatal y local proporcionan ciertas formas de protección a algunos animales salvajes en algunos casos.
Antecedentes: el estatus legal de los animales salvajes en Estados Unidos
Para comprender cómo las personas y las organizaciones pueden ayudar a los animales salvajes en Estados Unidos, es importante conocer el estatus legal básico de los animales salvajes.
El estatus legal de una persona, animal u objeto determina los tipos de derechos y obligaciones que posee.2 Por ejemplo, una “persona” en la ley federal goza de un conjunto de derechos y protecciones legales que no resultan aplicables en el caso de las “propiedades”. Sin embargo, los animales salvajes, al igual que otros animales, no gozan de la condición de persona. En Estados Unidos son considerados propiedad del estado en el que se encuentran. Son propiedad de una manera legal especial.3 A diferencia de los edificios o terrenos, los animales salvajes son concebidos como recursos naturales para que el estado los cuide y conserve en representación de la ciudadanía, quien es dueña de los animales como recursos en común.4 En el derecho anglosajón existe un concepto conocido como “doctrina del fideicomiso público” (PTD, por sus siglas en inglés), que resulta aplicable en el caso de los recursos públicos como las aguas navegables y los hábitats de animales. En la actualidad los animales salvajes tienen un estatus legal similar a estos recursos, y la menciona doctrina se les ha aplicado de igual manera.5 Algunos estados han plasmado la doctrina del fideicomiso público para animales en disposiciones legales,6 aunque la ley, en lo que se refiere a los animales salvajes, a excepción de los peces, no se ha desarrollado bien, y muchas de sus aplicaciones se han impugnado ante los tribunales.7 Los gobiernos de los estados, como fideicomisarios de los animales salvajes, actúan en algunos casos frente a individuos y organizaciones si llevan a cabo acciones consideradas ilegales que perjudican a dichos animales.8
La Décima Enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece que los estados se reservan las facultades que la Constitución no delegue al gobierno federal.9 Como consecuencia, los estados pueden aprobar leyes y normativas relacionadas con los animales salvajes.10 Pero existen algunas excepciones.
La primera excepción sucede cuando una ley federal es incompatible con las normativas de los estados. Si esto ocurre, la normativa estatal o local es inválida.11 Esto se debe a que, conforme a la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la ley federal se considera la “ley suprema de la tierra”. Existen tres cláusulas dentro de la Constitución de los Estados Unidos que conceden el poder a numerosos organismos en el gobierno federal para crear leyes que puedan influir en la capacidad de los estados para regular los animales salvajes: la cláusula de comercio, la cláusula de tratado y la cláusula de propiedad.12 Por ejemplo, después de que el gobierno federal firmase el Tratado de Aves Migratorias (algo que puede hacer en virtud de la cláusula de tratado), los estados tienen prohibido dejar que la ciudadanía cace aves migratorias protegidas.13
La segunda limitación en el control de los estados sucede cuando existen derechos de tratados específicos de pueblos nativos que operan en la misma área.14 A pesar de que las leyes de los estados prohíben o limitan matar animales salvajes de determinadas especies, si un tratado autoriza a los pueblos nativos a matarlos, dichos pueblos no estarán obligados por las leyes de los estados.15 Esto se debe a que los tratados tienen el estatus de ley federal.16 En las reservas de pueblos nativos aprobadas a nivel federal es posible crear normativas que regulen el trato, tanto de sus miembros como de personas ajenas, a los animales salvajes dentro de los límites de la reserva.17 Fuera de la reserva, y en especial en en el caso de quienes no son miembros, estas normativas no tienen una validez significativa, ya que tribunales determinan la misma en relación a si son “necesarias para la protección del autogobierno indígena o para controlar las relaciones internas”.18
La tercera limitación en la capacidad de los estados para legislar en relación con los animales salvajes sucede cuando las leyes o normativas infringen los derechos privados de la ciudadanía. Quienes poseen tierras privadas pueden proteger sus intereses económicos derivados de actividades que dañan a los animales salvajes, como la caza y la pesca, y exigir una compensación cuando el gobierno u otros individuos han interferido con estos derechos.19 Esta limitación no es muy amplia. En cualquier caso, el estado puede regular la capacidad de quien tiene la propiedad de estas tierras para cazar en su propio territorio, y limitar su capacidad de alterar los hábitats de los animales salvajes.20
En resumen, los animales salvajes en Estados Unidos se consideran, en general, propiedad pública de los estados. Por lo tanto, sus gobiernos (salvo algunas excepciones importantes) son los principales responsables de administrar las leyes y crear normativas relativas a los animales salvajes.21
Casos en los que se da protección a los animales salvajes
Para tratar el tema que nos interesa aquí, podemos clasificar a los animales salvajes en dos grandes categorías: los protegidos y los desprotegidos.22 Los animales salvajes “protegidos” son aquellos a los que no se puede (o solo en situaciones limitadas) dañar, ya que son miembros de especies incluidas en la legislación federal o de los estados. Por lo general, la mayoría de especies “protegidas” de animales salvajes reciben estas protecciones especiales debido al interés humano en su potencial “valor estético, ecológico, educativo, histórico, recreativo y científico”.23 Es decir, esta protección no se concede por los intereses de los propios animales. No obstante, el interés humano en conservar determinadas especies puede dar lugar a que los animales, como individuos, queden protegidos frente a algunos de los daños que, de otro modo, se les podrían provocar de manera legal.
Por otro lado, la legislación autoriza a la ciudadanía y a las entidades, de manera explícita, a matar a los animales salvajes “desprotegidos”, los cuales no están considerados en absoluto en la legislación; por lo tanto, están “desprotegidos”. La mayoría de las especies “desprotegidas” se catalogan como “plagas”, o son simplemente especies que, por cualquier razón, han sido excluidas de la legislación.
Que ciertas especies sean protegidas o no dependerá la mayoría de las veces de si los animales se localizan en Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas categorías de protección en las que se agrupan a los animales en general. Por el momento, no vamos a considerar esas categorías.
Animales de especies que se consideran amenazadas o en peligro
A las especies se les concede protección legal particular si se encuentran incluidas en la Ley de Especies en Peligro (ESA, por sus siglas en inglés) como “en peligro” o “amenazada”. La ESA prohíbe una amplia gama de actividades humanas que afectan a los miembros de especies incluidas como amenazadas o en peligro.24 Una especie “en peligro” es una especie que está “en peligro de extinción en toda o en una parte importante de su área de distribución”,25 y una especie “amenazada” es la que “probablemente se convertirá en una especie en peligro en un futuro cercano”.26 La ESA establece que una persona no puede “tomar” a un animal salvaje incluido en la lista, entendiendo “tomar” de manera amplia en la legislación, como “hostigar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar o capturar, o intentar realizar cualquiera de esas conductas”.27 Además, “hostigar” se define de manera amplia, e incluye: “un acto u omisión intencional o negligente que genera la posibilidad de dañar la vida salvaje al molestar hasta tal punto que interrumpe de manera significativa los patrones normales de comportamiento, que incluyen, pero no se limitan a, la reproducción, la alimentación o el refugio”.28
En el momento en que se redacata este artículo, hay 1470 especies incluidas en la ESA.29 El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés) y el Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS, por sus siglas en inglés) son los principales responsables de agregar, quitar de la lista y reclasificar las especies en la ESA. Esto es un claro indicador de que el propósito de la lista es servir a los intereses humanos y no a los de los propios animales.30 Las decisiones sobre los animales a incluir en la lista se basan “solo en los mejores datos científicos y comerciales… después de realizar un análisis del estatus de la especie”.31 La ciudadanía puede crear peticiones para agregar o quitar determinadas especies de la lista.32 Existen excepciones a las restricciones de “tomar” especies incluidas en la lista: alguien puede solicitar permisos para “tomar” especies en peligro o amenazadas con “fines científicos o para mejorar la propagación o la supervivencia de las especies afectadas”.33 Aquí “tomar” suele significar la captura de ciertos animales.
Los estados también tienen leyes conservacionistas que protegen a algunos animales frente a animales de otras especies. Sin embargo, estas leyes tienen un menor alcance y son menos restrictivas que la ESA federal.34 Aún así, es importante tener en cuenta que los estados también pueden incluir especies en peligro de extinción en sus propias leyes, y la mayoría de esos planes también prohíben “tomar” una especie incluida en la lista.35
Aves migratorias
En 1916 Estados Unidos promulgó el Tratado de Aves Migratorias (MBTA, por sus siglas en inglés), lo cual permitió validar a su vez un tratado con el Reino Unido. Más tarde, el tratado fue modificado con tratados con otros cuatro países.36 En el MBTA se prohíbe “tomar, matar, o poseer” a las aves incluidas en el tratado “en cualquier momento, por cualquier medio” en Estados Unidos.37 El MBTA configuró, junto con otras leyes, la lista de aves migratorias protegidas.38 Cabe destacar que la mayoría de las especies de aves nativas de Estados Unidos se incluyen. Sin embargo, no se protegen las especies no nativas ni algunas aves que los cazadores matan con regularidad; por ejemplo, es posible matar sin permiso ánades reales y aves acúaticas.39 Por otro lado, las fuerzas armadas también están exentas de estas disposiciones si “toman” por accidente aves migratorias incluidas durante actividades militares.40 En tercer lugar, el Secretario del Interior está facultado, en virtud del MBTA, para permitir que los pueblos nativos de Alaska tomen aves migratorias y huevos si los utilizan como fuente de alimentación.41 Por último, también es posible matar aves migratorias aunque estas se encuentren incluidas en el tratado si se considera que son “seriamente nocivas para los intereses agrícolas u otros intereses de una comunidad en particular”.42
Regulación de la caza
En línea con la concepción de los animales salvajes como propiedad humana, los gobiernos federal y de los estados establecen regulaciones para que los cazadores maten animales salvajes, principalmente para asegurar que la población no desaparezca. Esto se hace con el fin de beneficiar a los seres humanos (en especial los cazadores) que usan a los animales como recursos, y no para beneficiar a los animales como individuos. Estas regulaciones incluyen límites sobre las áreas donde se puede cazar, los métodos que se pueden usar,43 la cantidad de animales que se pueden matar, temporadas de caza específicas, y licencias y requisitos para las licencias44. La normativa sobre las especies que se pueden cazar y en qué zonas específicas depende de si quien está cazando lo hace en refugios nacionales de animales silvestres, terrenos públicos gestionados por la Oficina de Administración de Tierras45 o reservas nacionales46. Fuera de las temporadas de caza y sin un permiso es ilegal matar o “tomar” animales salvajes incluidos para la caza.
Legislación contra la crueldad hacia los animales
En muchos estados hay leyes sobre la crueldad hacia los animales aplicables a los animales salvajes.47 Estas leyes con frecuencia se conocen como “matanza innecesaria o trato cruel hacia los animales”.48 En las disposiciones legales el término “animales” se define de forma diferente en los distintos estados. Algunos excluyen de manera explícita a los animales salvajes49 o a determinados tipos de animales, como los invertebrados o los peces. Otros estados adoptan una definición amplia e incluyen a todos los animales en su conjunto.50 Además de prohibir ciertas maneras de dañar a los animales, estas leyes contra la crueldad a veces pueden operar como una excepción a la prohibición de matar o “tomar” animales salvajes “protegidos” como las aves incluidas en el MBTA.51 Por ejemplo, si un animal se encuentra “muy enfermo o herido de forma que sus capacidades se ven limitadas y está sufriendo”, y es razonable pensar que el animal no se va a curar, es posible matar o “tomar” al animal protegido por la ley.
En resumen, hay muchos tipos de animales salvajes legalmente protegidos en Estados Unidos, pero, por lo general, la protección suele limitarse o está pensada para servir a los intereses humanos y, cuando beneficia a los animales como individuos, este no era su objetivo. Cualquier intervención que se quiera llevar a cabo para ayudar a los animales salvajes necesita apoyarse en las protecciones legales de esa especie, si las hubiera, en la jurisdicción específica. Existen amplias categorías de leyes de protección animal a las que se puede recurrir, sobre todo si se trata de especies en peligro de extinción o amenazadas, o si son aves migratorias. También hay consideraciones generales en la legislación estatal contra la crueldad.
Casos en los que los animales pueden ser privados de toda protección
Animales de especies clasificadas como “invasoras” o “dañinas”
El gobierno federal tiene leyes que permiten que los departamentos y oficinas federales “controlen” los animales que pertenecen a las especies clasificadas como “invasoras”. El término “control” se define como “la erradicación, supresión o reducción de la población de la especie invasora”.52 No es suficiente que una especie no sea nativa de una zona para clasificarla legalmente como “invasora”.53 Una “especie invasora” se define como una especie “ajena” o no nativa que causa o es probable que cause daño económico a intereses humanos, daño a la salud humana o lo que se define como daño ecológico.54 Estos animales están incluidos en la Ley Lacey, que los clasifica como animales “dañinos”.55 El servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos es, por lo general, el responsable de incluir las especies consideradas “dañinas” en la Ley Lacey.56 En la actualidad el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos considera dañinas a 726 especies.57 La ley Lacey prohíbe el traslado de animales dañinos, incluyendo a través de los límites de los estados. Es posible solicitar a la FWS un permiso para importar y exportar animales salvajes “dañinos” entre dos estados; sin embargo, debe haber una causa autorizada (como motivos científicos o médicos), y los animales salvajes “dañinos” deben permanecer en cautiverio.58
Si se incluye una especie en la lista de especies consideradas dañinas, la única protección legal aplicable a estos animales será la legislación contra la crueldad.
Animales afectados por las excepciones legales o “reducidos”
Cabe señalar que es posible solicitar permiso a los gobiernos federal y de los estados para matar a cualquier animal protegido si se considera que el animal daña intereses económicos.59 Por lo general, se denominan órdenes de “depredación” o “control”. Estos permisos solo permiten a quien solicita el permiso matar animales de la especie en una zona específica cuya presencia se considere causa de un perjuicio económico.
Hay otras situaciones en las que se excluyen especies de animales salvajes de la protección legal que, de otro modo, podrían tener. Un ejemplo es la ley federal que establece que “se derogan todas las leyes o parte de leyes que consideran ilegal la matanza de lobos marinos, como animal de caza o de otro tipo, en las aguas del territorio de Alaska”.60 Además, se incluyen algunas aves (como los mirlos, los grajos, los cuervos o las urracas) en una orden federal de depredación que permite la captura sin permiso de aves de especies incluidas en la lista.61
Uso de pesticidas
A nivel legal, los pesticidas se definen como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias diseñada para prevenir, destruir, o mitigar cualquier plaga”.62 Las leyes federales y de los estados regulan el uso de pesticidas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) los regula por Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés).63 Evalúan los riesgos de daño a la salud humana y al medioambiente. Después de que un pesticida pasa la evaluación de EPA, queda “registrado”, y se permite venderlo y usarlo de acuerdo con los requerimientos impuestos por la EPA. No existe un sistema de permisos para el uso de pesticidas (ni siquiera a gran escala) una vez que se ha aprobado para su uso comercial.64 Si está disponible, cualquiera puede utilizarlo para matar animales salvajes, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta del producto.65 Si la EPA lo ha incluido en la lista de “pesticidas de uso restringido”, el uso del producto requerirá la supervisión de alguien con certificado para su aplicación.66
Leyes útiles para ayudar a los animales
Existen diferentes formas en las que podemos beneficiar a los animales salvajes recurriendo a la legislación vigente. Ya que esta es una introducción al tema, no vamos a mencionar todas ni a examinar en detalle las circunstancias legales. Veremos, de momento, tres ejemplos de intervenciones que pueden usarse para reducir el sufrimiento de los animales salvajes.
Captura y reubicación
Si una especie se encuentra protegida por la leyes federales, de los estados o de nativos americanos, es ilegal “tomar” o transportar a eso animales entre los estados.67 La Ley Lacey también limita la reubicación de ciertas especies.68 Además, si alguien pretende alterar el hábitat de un animal incluido en la Ley de Especies en Peligro, debe solicitar un permiso federal que contenga un plan de conservación.69 Estas normativas pueden proteger a algunos animales de ser dañados. Por desgracia, también pueden hacer que sea ilegal rescatar animales en algunas ocasiones, como cuando su estado de salud requiere de atención o cuando se quedan huérfanos, entre otras.
Anticoncepción
Actualmente se está investigando la administración de anticonceptivos a las poblaciones de animales salvajes como forma de reducir el riesgo de transmitir enfermedades entre animales salvajes, y de estos a los animales domesticados y seres humanos. También se considera como alternativa a la caza en situaciones donde exista un conflicto entre intereses de los animales salvajes y de los seres humanos.70 Además, tiene el potencial de reducir el sufrimiento de animales salvajes causado por la falta de comida, las enfermedades y otras circunstancias adversas. En la actualidad hay dos inmunocontraceptivos (vacunas que previenen el proceso de fertilización) aprobados para su uso en animales en Estados Unidos: GonaCon™ y SpayVac™.71 Estos anticonceptivos se han utilizado en poblaciones de elefantes africanos, caballos, bisontes, y venados; sin embargo, se están investigando más anticonceptivos para otras especies.72 La EPA es responsable de regular los anticonceptivos usados en animales salvajes.73 Para registrar un nuevo anticonceptivo debe proporcionarse información sobre la química de los productos, su toxicidad, el posible peligro para otros animales y el impacto ambiental.74 Los dos inmunocontraceptivos se incluyen como pesticidas de “uso restringido” y, por lo tanto, solo pueden administrarse por alguien con autorización o con su supervisión.75
Modificaciones genéticas
Gracias a los avances en la biotecnología, se ha descubierto cómo llevar a cabo la «edición genética”, por la que se seleccionan y modifican de manera directa las secuencias de ADN de los organismos.76 Gracias a los nuevos avances de esta tecnología, el sufrimiento de los animales salvajes podría reducirse en gran medida. Este tipo de medidas suelen identificarse con mejoras de la situación de los animales a largo plazo, pero también podrían aplicarse para reducir el sufrimiento de estos animales a corto plazo. Un ejemplo sería modificar características perjudiciales para los animales o aumentar su resistencia a las enfermedades.77
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha determinado que la porción alterada artificialmente del genoma de un animal, ya sea mediante el rDNA o mediante tecnologías modernas de edición del genoma, está regulada según las disposiciones administradas por la FDA como si fueran medicamentos para animales.78 Por lo tanto, el desarrollo de un organismo genéticamente modificado necesitaría la aprobación de la FDA.
En la actualidad no es evidente quién es la autoridad gubernamental responsable de regular los ensayos de campo y la creación de organismos genéticamente modificados, una vez aprobados por la FDA. Existe un conflicto legislativo en este ámbito, y el sistema regulatorio que controla la biotecnología en Estados Unidos se encuentra en actualización.79
Conclusión
La capacidad de ayudar a los animales salvajes en Estados Unidos depende de una serie de variables como la especie del animal, la ubicación del animal y la intervención planeada.
A grandes rasgos, los animales salvajes son considerados propiedad de los estados, cuyos gobiernos los mantienen como fideicomiso para beneficio ciudadano. Si una acción afecta a una población de animales salvajes de una manera que se considere perjudicial, y no puede aplicarse ninguna excepción legal que autorice la actividad, quien sea responsable puede tener que pagar al gobierno del estado una compensación por ello. Las intervenciones para ayudar a los animales salvajes se ven dificultadas por normativas en conflicto, con diferentes objetivos, y sin que la mayoría tengan en cuenta el bienestar de los animales como individuos. Otra consecuencia de este sistema es que la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas y biotecnologías se vuelve más difícil y costoso.
Notas
1 La frase “animal salvaje” se usa con frecuencia en la legislación. Las leyes de los estados suelen seguir la definición federal dada a los animales salvajes, que es la siguiente: “Animal salvaje se refiere a cualquier animal que se encuentra o se haya encontrado en el mundo salvaje o en estado silvestre, dentro de las fronteras de Estados Unidos, sus territorios, o posesiones… Estado silvestre se refiere a vivir en su condición original natural, no doméstica”: 9 C.F.R. § 1.1; ver también I.C. 14-8-2-318 “Wild animal”, y I.C. 14-22-34-6 “Wildlife”; M.I. ST 324.43901 “definitions”; M.N. ST § 97A.015; N.V. ST 501.097; N.M. ST § 17-2-38; N.C. ST § 113-331; T.X. PARKS & WILD § 1.101.
2 La definición de “persona” es la siguiente: “individuo, corporación, sociedad, fideicomiso, asociación; o cualquier otra entidad privada; o cualquier funcionario, empleado, agente, departamento o instrumento del gobierno federal, de cualquier estado, municipio o subdivisión política de un estado, o de cualquier gobierno extranjero; cualquier estado, municipio o subdivisión política de un estado; o cualquier otra entidad sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos»: ESA, 16 U.S.C.A. § 1532(13) (1982).
3 Ver, por ejemplo, Ala. Code, § 9-11-230; Colo. Rev. Stat. § 33-1-101; Ariz. Rev. Stat. § 17-103; Wyo. Stat. § 23-1-103; I.C.A. § 481A.2; IC 14-22-1-1; Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “State ownership and the public interest”, Wildlife law: A primer, Washington, D. C.: Island, pp. 19-36. See Owsichek v. State, 763 P.2d 488, 495 (Alas. 1988); State v. McHugh, 630 So.2d 1259, 1265 (La. 1994).
4 McCready v Virginia, 94 U.S. 391 (1876); Geer v Connecticut, 161 U.S. 519 (1896); Hughes v Oklahoma, 99 S.Ct. 1727 (1979); see also Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “State ownership and the public interest”, op. cit.
5 Martin v. Waddell, 41 U.S. 16 Pet. 367 367 (1842); Batcheller, G. (ed.) (2010) The public trust doctrine: Implications for wildlife management and conservation in the United States and Canada, Bethesda: The Wildlife Society [referencia: 26 de septiembre de 2020]. Meyers, G. D. (1989) “Variation on a theme: Expanding the public trust doctrine to include protection of wildlife”, Environmental Law, 19, pp. 723-735.
6 Además, 45 estados han firmado el acuerdo US Interstate Wildlife Violator Compact, en el que los estados participantes acuerdan que “los recursos de la vida silvestre son gestionados en fideicomiso por los respectivos estados en beneficio de todos sus residentes y visitantes”: National Association of Conservation Law Enforcement Chiefs (2018) “Wildlife violator compact”, News, National Association of Conservation Law Enforcement Chiefs [referencia: 26 de noviembre de 2020]; ver también Batcheller, G. (ed.) (2010) The public trust doctrine: Implications for wildlife management and conservation in the United States and Canada, op. cit.
7 Frank, R. M. (2012) “The public trust doctrine: Assessing its recent past & charting its future,” UC Davis Law Review, 45, pp. 677-679 [referencia: 24 de octubre de 2020].
8 En este sentido, se asemeja a una situación de fideicomiso público, pero se hace la distinción: Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “State ownership and the public interest”, op. cit.
9 U.S. Const. amend. X.
10 State v. Rodman, 59 N.W. 1098 (Minn. 1894); Ex parte Maier, 37 P. 402 (Cal. 1894).
11 Las leyes o normativas inconsistentes de los estados o municipios estarían “impedidas”. El derecho de prioridad es el principio que establece “que una ley federal puede reemplazar o suplantar cualquier ley o regulación estatal inconsistente”: Garner, B. A. (2019) Black’s law dictionary, 11th ed., Baton Rouges: Claitors; Edgar v. MITE Corp., 457 U.S. 624; see also U.S. Const. art. VI, § 2 which gives that federal law “shall be the supreme Law of the Land.”
12 Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “Key federal statutes”, Wildlife law: A primer, op. cit., pp. 180-205.
13 Migratory Bird Treaty Act, 16 U.S.C. §§ 703-711.
14 Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “Tribal rights to wildlife”, Wildlife law: A primer, op. cit., pp. 159-179.
15 Ibid.
16 Sin embargo, se deduce que los pueblos nativos americanos están obligados a seguir la ley federal: Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “Wildlife on private land”, Wildlife law: A primer, op. cit., pp. 57-75. Cabe destacar que quienes tienen las tierras en propiedad no pueden reclamar una compensación por el valor de los animales salvajes heridos o matados en las mismas, al carecer de la propiedad de los animales.
20 Ibid.; ver también Collopy v. WILDLIFE COM’N, ETC., 625 P.2d 994 (Colo. 1981).
21 Musgrave, R. S.; Parker, S. & Wolok, M. (1993) “The status of poaching in the United States – Are we protecting our wildlife”, Natural Resources Journal, 33, 977-1014 [referencia: 30 de septiembre de 2020].
22 La terminología de animales “protegidos” y “desprotegidos” se utiliza en algunas leyes estatales para categorizar animales que se encuentran incluidos en leyes específicas, y que por lo tanto gozan de una protección legal especial, o no están incluidos. Ver E.C.L. § 11-0103 (6); M.N. ST § 97A.015; N.V. ST 503.585 (para ‘protegido’) y N.V. ST 503.380 (para ‘desprotegido’); N.C. ST § 113-331; W.Y. ST § 23-1-101.
23 ESA, 16 U.S.C.A. § 1531 (1988).
24 Ibid.
25 16 USCA 1532 (6); considera que el águila calva y el águila real están protegidas de manera específica por la legislación federal por razones de conservación: sin embargo, ello parece deberse en gran medida al hecho de que el águila calva es el símbolo nacional: U.S. v Wilgus, C.A. 10 (Utah) 2011, 638 F.3d 1274, 16 U.S.C.A. § 668.
26 16 USCA 1532 (20); 16 USCA § 1533 (a)(1).
27 16 USCA § 1532(19); ver también Goble, D. D.; George, S. M.; Mazaika, K.; Scott, J. M. & Karl, J. (1999) “Local and national protection of endangered species: An assessment”, Environmental Science & Policy, 2, pp. 43-59. Hay que tener en cuenta que la legislación a menudo utiliza la palabra “tomar”, que se define de manera similar. Es importante referirse a la definición legal de “tomar”; sin embargo, existen pequeñas variaciones entre las distintas legislaciones.
28 50 C.F.R. § 17.3 (1998).
29 Todas pueden encontrarse en el siguiente enlace: U.S. Fish and Wildlife Service listed animals.
30 16 U.S.C.A. § 1533(b)(1)(A).
31 Ibid.
32 16 U.S.C.A. § 1533(b)(3)(A); ver también Save Our Springs v. Babbitt, W.D.Tex.1997, 27 F.Supp.2d 739.
33 16 U.S.C.A. § 1539(a)(1)(A).
34 Goble, D. D.; George, S. M.; Mazaika, K.; Scott, J. M. & Karl, J. (1999) “Local and national protection of endangered species: An assessment”, op. cit.
35 “La legislación de especies en peligro de extinción en 36 estados establece prohibiciones contra la toma de especies incluidas; 5 estados autorizan a la agencia de vida silvestre para prohibir la toma de algunos grupos de especies incluidas… sin embargo, 6 estados no prohíben la toma de especies incluidas” (Ibid.); ver también Lee, H.-J. L. (2004) “The pragmatic Migratory Bird Treaty Act: Protecting ‘property’”, Economic Dynamics of Environmental Law and the Static Efficiency, 31, pp. 649-681 [referencia: 2 de octubre de 2020].
36 Migratory Bird Treaty Act; también las águilas calvas y las águilas reales están protegidas por la Ley de Protección de las Águilas Calvas y Doradas.
37 16 U.S.C.A. § 703(a).
38 Ver Fish and Wildlife Service, Interior (2020) “General provisions; revised list of migratory birds”, Federal Register: The Daily Journal of the United States Government, 85, pp. 21282-21305 [referencia: 3 de octubre de 2020].
39 Lee, H.-J. L. (2004) “The pragmatic Migratory Bird Treaty Act: Protecting ‘property’”, op. cit.
40 16 U.S.C.A. § 703(3)(a).
41 16 U.S.C.A. § 712.
42 Lee, H.-J. L. (2004) “The pragmatic Migratory Bird Treaty Act: Protecting ‘property’”, op. cit.
43 18 U.S.C.A. § 47, por ejemplo, hace legal que una persona use una aeronave o un vehículo de motor para cazar o capturar “cualquier caballo, yegua, potro o burro salvaje sin marca”.
44 Ver, por ejemplo, 16 U.S.C.A. § 701, que proporciona al Departamento del Interior el deber y el poder de restaurar las aves de caza y otras aves salvajes en las zonas en las que se han vuelto “escasas o extintas”.
45 16 U.S.C.A. § 683. El gobierno federal puede designar cualquier zona como reservada para la protección de animales de caza y peces. También las zonas de cría: 16 U.S.C.A. § 685.
46 18 U.S.C.A. § 41 hace ilegal que una persona mate o perturbe a animales salvajes que se encuentran en terrenos reservados como santuarios, refugios o zonas de cría.
47 Algunas solo se aplican a vertebrados (Nebraska, 28-1008), o excluyen a los peces (Oklahoma Tit. 21, § 1680.1). Illinois 510 § 70/2.01; (Nebraska, 28-1008; New Hampshire 655:8; Oklahoma Tit. 21, § 1680.1; Tennessee 39-14-201.
48 Los estándares son, por lo general, “de manera intencionada” o “de manera imprudente”.
49 Por ejemplo, Arkansas (§ 5-62-103).
50 En ocasiones también se denomina “cualquier criatura viva muda”.
51 Rumley, E. R. & Rumley, R. W. (2011-2012) “Enforcing animal welfare statutes: In many states, it’s still the Wild West”, San Joaquin Agricultural Law Review, 21, pp. 21-49 [referencia: 5 de octubre de 2020].
52 16 U.S.C.A § 666c-1 (a)(1).
53 Keller, R. P.; Cadotte, M. W. & Sandiford, G. (2014) “Working across disciplines to understand and manage invasive species”, in Keller, R. P.; Cadotte, M. W. & Sandiford, G. (eds.) Invasive species in a globalized world: Ecological, social & legal perspectives on policy, Chicago: University of Chicago Press, pp. 1-20.
54 16 U.S.C.A § 666c-1 (a)(4)(A) and (B).
55 La FWS no está facultada para considerar dañinos a los animales nativos: Alexander, K. (2013) “Injurious species listings under the Lacey Act: A legal briefing”, Congressional Research Service, August 1 [referencia: 26 de septiembre de 2020].
56 U. S. Fish and Wildlife Service (2012) “Injurious wildlife evaluation process flow chart”, U. S. Fish and Wildlife Service [referencia: 27 de septiembre de 2020]
57 U. S. Fish and Wildlife Service (2019) “Summary of species currently listed as injurious wildlife under the Lacey Act (18 U.S.C. 42)”, U. S. Fish and Wildlife Service [referencia: 3 de octubre de 2020].
58 50 U.S.C.A. § 16.22.
59 50 C.F.R. § 21.41.
60 16 U.S.C.A. § 659.
61 U. S. Fish and Wildlife Service (2018) “Frequently asked questions about a federal depredation permit”, U. S. Fish and Wildlife Service, 6/2018 [referencia: 23 de septiembre de 2020].
62 7 U.S.C.A. § 136 (u).
63 Wozniak, C. A.; McClung, G.; Gagliardi, J.; Segal, M. & Matthews, K. (2013) “Regulation of genetically engineered microorganisms under FIFRA, FFDCA and TSCA”, en Wozniak, C. A. & McHughen, A. (eds.) Regulation of agricultural biotechnology: The United States and Canada, Dordrecht: Springer, pp. 57-94. See also Angelo, M. J. (2013) The law and ecology of pesticides and pest management, Burlington: Ashgate.
64 Ibid.
65 7 U.S.C.A. § 136 (2)(G).
66 40 C.F.R. § 152.175.
67 16 U.S.C.A. § 1538 “prohibited acts”; ver también Lacey Act 18 U.S.C 42, que prohíbe la importación y envío entre los estados de fauna obtenida de manera ilegal.
68 Lacey Act (16 U.S.C. §§ 3371–3378); Keller, R. P.; Cadotte, M. W. & Sandiford, G. (2014) “Optimism and other bias in rhetoric about exotic carps in America”, in Keller, R. P.; Cadotte, M. W. & Sandiford, G. (eds.) Invasive species in a globalized world: Ecological, social & legal perspectives on policy, op. cit., pp. 72-98.
69 Freyfogle, E. T.; Goble, D. D. & Wildermuth, T. A. (2009) “Wildlife on private land”, Wildlife law: A primer, op. cit., pp. 57-75.
70 Brennan, O. (2018) “Intervention report: Wildlife contraception”, Wild-Animal Suffering Research, December 20.
71 Asa, C. & Moresco, A. (2019) “Fertility control in wildlife: Review of current status, including novel and future technologies”, in Comizzoli, P.; Brown, J. L. & Holt, W. V. Reproductive sciences in animal conservation, 2nd ed., pp. 507-543.
72 Ibid.
73 Ver también Fagerstone, K. A.; Miller, L. A.; Killian, G. & Yoder, C. A. (2010) “Review of issues concerning the use of reproductive inhibitors, with particular emphasis on resolving human-wildlife conflicts in North America”, Integrative Zoology, 1, pp. 15-30 [referencia: 12 de octubre de 2020].
74 Ibid.
75 Ibid.
76 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016) Gene drives on the horizon: Advancing science, navigating uncertainty, and aligning research with public values, Washington, D. C: National Academies Press.
77 Ibid.
78 U. S. Department of Health and Human Services (2017) CVM GFI #187 regulation of intentionally altered genomic DNA in animals, Rockville: Center for Veterinary Medicine, Food and Drug Administration [referencia: 2 de octubre de 2020]; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016) Gene drives on the horizon: Advancing science, navigating uncertainty, and aligning research with public values, op. cit.; 21 U.S.C. 321 establece que la FDA tiene autoridad en lo que respecta a los nuevos medicamentos para animales. La definición de medicamento se encuentra en la sección 201(g) de la Food, Drug, and Cosmetic Act. La definición de “nuevo medicamento para animal” se encuentra en la sección 201(v) de la Food, Drug, and Cosmetic Act.
79 U. S. Department of Health and Human Services (2017) CVM GFI #187 regulation of intentionally altered genomic DNA in animals, op. cit. “La USDA podría considerarse la autoridad reguladora en virtud de la ley Animal Health Protection Act (7 U.S.C. § 8301) si un ratón se considera una amenaza para la salud del animal, o en virtud de la ley Plant Protection Act (7 U.S.C. § 7701) si el ratón supone una amenaza para las plantas. La FDA también podría considerarse la autoridad reguladora del ratón porque la construcción genética (el complejo T) utilizada para desarrollar un genética dirigida en el ratón podría considerarse un medicamento, porque el complejo T se utilizaría para influir en la fertilidad. Aunque está claro que la supresión o erradicación de la población de una especie no se incluye en las seis clases de animales de la FDA “basadas en la finalidad prevista de la modificación genética”. Por último, la EPA podría considerarse la autoridad reguladora apropiada en virtud de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) (7 U.S.C. § 136 et seq.) si los ratones de tipo salvaje se consideran plagas, y los ratones modificados genéticamente o la construcción de genética dirigida en los ratones se considera una “sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar” los animales de tipo salvaje que se consideran plagas (FIFRA § 2[u], 7 U.S.C. § 136[u]). Ver también National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016) Gene drives on the horizon: Advancing science, navigating uncertainty, and aligning research with public values, op. cit., table 8-2.