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Condena legal a política ecologista por su apoyo a la caza

Pájaro muerto

Las diferencias entre el ecologismo y la defensa de los animales tienen consecuencias prácticas tremendamente perjudiciales para los seres sintientes. Este es un ejemplo más que añadir a la larga lista de daños a los animales provocados por el movimiento ecologista.

El martes 27 de septiembre fue notificada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 4 de Barcelona, en la que se condena a Núria Buenaventura, Secretaria de Organización del partido ecologista Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), como autora de un delito de prevaricación administrativa, por haber concedido de manera ilegal 3.374 licencias de caza mientras era Directora de Medio Ambiente del gobierno catalán desde 2008 hasta 2010, provocando la captura de más de 100.000 aves.

El Centro Legal para la Defensa de los Animales fue acusación popular en el procedimiento, actuando Daniel Dorado como abogado de la misma. Daniel Dorado es activista de Ética Animal, además de presidente de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

En la Sentencia se manifiesta que “cuando se dictó la resolución, la acusada conocía que carecía de la necesaria cobertura para hacerlo”, y que “es evidente que se trató de una decisión propia”.

La decisión fue tomada por Núria Buenaventura cuando “la Federación Catalana de Caza insta una queja ante el Síndic de Greuges”, lo que revela la presión ejercida por quienes practican la caza sobre la dirigente ecologista. Prosigue la Sentencia afirmando “que sin duda alguna por parte de la acusada existió un primer lugar una vulneración del procedimiento”, concediéndose licencias “sin voluntad sancionadora alguna”.

A esto hay que añadir que el año durante el cual la condenada dirigió el Departamento de Medio Ambiente, “se concedieron más [licencias] que ningún otro”. “Las cifras no engañan y puede afirmarse que sin ninguna ese año se decidió autorizar las capturas pese a su prohibición legal”, afirma la Sentencia.

En cuanto al número de aves capturadas, se señala “que el número que el informe ofrece, 65.925 de las autorizadas y 349 no autorizadas, no pueda ser tenido más que un punto de partida inicial, y sin duda alguna fueron muchísimos más”. Se capturaron “como mínimo unos 100.000” animales.

La pena impuesta es de tres años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Si bien el Código Penal vigente en el momento de los hechos señala una pena de inhabilitación de siete a diez años, al dictar la sentencia se ha reducido la pena debido a la existencia de una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas, tras el largo tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta el día del juicio. Ha contribuido a la larga duración de la causa el hecho de que Núria Buenaventura estuviera aforada siendo Diputada del Congreso .

Su partido, en el que la condenada sigue ocupando el cargo de Secretaria de Organización, ha rechazado adoptar medidas disciplinarias contra la condenada. Es más, ha afirmado que el caso “no es de corrupción sino de carácter administrativo”, en un claro intento de relativizar la gravedad de los hechos. Pero este tipo de manifestaciones no deberían sorprendernos. Las organizaciones ecologistas, como ICV, son firmes defensores de la caza, al contrario que las organizaciones antiespecistas (como el Centro Legal para la Defensa de los Animales y Ética Animal, entre otras). El ecologismo no tiene en consideración a los animales, y defiende matar a estos cuando ello resulta beneficio para ciertos ecosistemas.

En definitiva, comportamientos como el de Núria Buenaventura son la consecuencia de sus posiciones ecologistas. Defender a los animales pasa necesariamente por rechazar el ecologismo.

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